Yo soy de la idea de que todos los gobiernos buscan controlar -de alguna manera- a sus poblaciones. Estas medidas de control pueden ser útiles para identificar a las personas por algún motivo en particular. De hecho, en muchas ocasiones estos datos se usan para tener una primera vista de por ejemplo, algún potencial delincuente o criminal. Vamos, cuando mataron a Colosio en Lomas Taurinas, apresaron al supuesto tirador, Mario Aburto, y ese mismo día se publicaron en los diarios de circulación nacional, la credencial de votar de este personaje (asunto prohibido por las leyes, pero qué importa, en este país nos pasamos muchas veces las leyes por el fundillo). Cabe decir que -supuestamente- la información de los votantes no era pública y que tenía diversos candados para que sólo pudiese ser usado por personal autorizado. Pero esta lista se filtró -y se vendió- por Amazon. Ese es el nivel de seguridad de los datos personales en este país.
Y cabe señala la credencial para votar –cuando se les ocurrió esta idea- se podía sacar yendo a los módulos instalados sin necesidad de ningún papel que demostrara que uno era quien era. Fue tal la intención de tener una especie de credencial de identidad (como hay en otros países), que los bancos suspendieron el aceptar la licencia de conducir para cuando uno hacía algún trámite que requería identificarse en la institución financiera. Curioso asunto si consideramos que la licencia de conducir la expedía y lo sigue haciendo), la Policía capitalina.
No contentos con esto, quisieron crear un registro de teléfonos celulares en donde los usuarios de estas tecnologías necesitaban registrar sus datos personales. Se supone que mandabas un mensaje por tu celular con tus datos, pero las personas mandaban datos falsos a manera de burla a la medida. Fracaso total. Y lo mismo intentaron con los automóviles creando el Registro Nacional de Vehículos (RENAVE), que fue un fracaso y que además, acabó de manera abrupta cuando el director del mismo, Ricardo Miguel Cavallo, poderoso empresario, fue acusado de fraude, malversación y venta ilegal de automóviles; posteriormente se reveló que su verdadera identidad era la de Miguel Ángel Cavallo alias "Serpico", quien fue teniente de la Armada durante la dictadura militar de 1976-1983 en Argentina y que estuvo acusado de diversos crímenes (genocidio, tortura y terrorismo) y fue puesto a disposición de un juez para ser extraditado a solicitud de España. Dichos sucesos ocasionaron escándalo en diversos medios políticos e informativos mexicanos; esto llevó a cuestionar los motivos de la concesión del Renave, lo cual contribuyó a su desaparición.
Así pues, la historia de los registros nacionales de lo que sea, en nuestro país, ha tenido finales poco felices. Hoy el gobierno de Sheinbaum quiere imponer el CURP biométrico, es decir, la inútil Clave Única del Registro de Población (CURP), la cual ahora contendrá fotos de las personas que viven en México, además de otros datos biométricos (huella dactilar y escaneo de iris). Esto último ya lo hace el SAT, a todo esto, cuando uno saca el RFC.
Según Sheinbaum, esta información no será pública y su uso solamente será para las fiscalías (manteniendo el respeto por la protección de datos personales). ¿Pero es así? ¿Quién garantiza que no se filtren los datos? Les recuerdo que en las mañaneras de López Obrador, en más de una ocasión se publicaron facturas de Loret de Mola, incluyendo sus datos personales, justamente en contra de esta secrecía a la que tienen derecho los ciudadanos de este país. ¿Y qué pasó? Nada. Aquí el presidente dice y todos acatan, aunque se brinquen todas las leyes. No es la primera vez ni será la última. Y las afirmaciones sobre la seguridad y protección de datos de nuevo, se olvidará o bien, no habrá consecuencias cuando se filtre la información.
Ahora el gobierno de la 4T tiene un nuevo problema (como si no tuviese en qué ocuparse): cómo implementar este nuevo CURP. ¿Cómo obligarán a la gente a que permita que le tomen sus huellas dactilares? Me parece interesante tratar de entender los mecanismos que deberán implementar para evitar al menos, en primera instancia, que todo se vaya a la basura por directores con pasado negro o personal incapaz para hacer dicha base de datos y mantener la base de datos funcional. Pero más allá de todo esto, la premisa del gobierno es extraña porque supuestamente este CURP nuevo permitirá que las fiscalías tengan una nueva herramienta para lidiar contra el crimen. Muy bien, asumen que los malos, el crimen organizado, el narco, van a ir a entregar sus datos biométricos al gobierno. Esto último no va a pasar, pero mientras tanto, todos los que seamos registrados nos convertiremos en los potenciales criminales que ya estaremos fichados a priori.
Y algo más: por una razón que no entiendo, aquí el gobierno primero avisa que pondrá una medida pero no ha hecho el mínimo estudio de mercado para saber cuánto costará el nuevo chistecito. Y con esta misma extraña lógica, Sheinbaum ya anunció una fábrica mexicana de coches eléctricos y no veo que haya habido estudios de mercado sobre la viabilidad de esta nueva empresa. Y para colmo, ya sabemos de antemano qué pasará: dirán que el proyecto X cuesta N millones de pesos pero terminará costando cuatro o cinco veces el número original.
Pues como diría Cristina Pacheco: aquí nos tocó vivir. Ya nada mexicano me es ajeno.
